Guatemala, 24 de junio de 2026. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) dio luz verde a la agenda de implementación de su reorientación estratégica, un proceso técnico que aterriza en un plan de acción concreto que define a las instituciones responsables, metas medibles y plazos definidos. 

Esta acción de Estado, aprobada durante la tercera reunión ordinaria del Conadur, busca que las decisiones de inversión pública abandonen la discrecionalidad del centralismo y se transformen en impactos tangibles para cerrar las brechas históricas de pobreza, exclusión y racismo que afectan a las comunidades rurales e indígenas del país.

La hoja de ruta aprobada reorienta el Sistema de Consejos de Desarrollo (Siscode) a través de seis ejes estratégicos y 30 decisiones específicas, que fortalecen la planificación nacional, la descentralización y la inversión territorial. 

Para garantizar que estos acuerdos no se queden en el papel, el modelo de implementación se estructurará en cinco componentes operativos que articulan desde la conducción política y la gestión técnica, hasta un sistema riguroso de monitoreo, evaluación, participación ciudadana y auditoría social sobre el terreno.

Como parte de los avances presentados en esta tercera reunión ordinaria, encabezada por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, la Comisión de Descentralización y Fortalecimiento del Siscode asumió de forma oficial el seguimiento permanente de esta agenda, para evitar que el proceso carezca de un rumbo claro.

El presidente Arévalo respaldó con firmeza este esfuerzo durante su intervención, manifestando que la Comisión Especial Temporal ha mostrado avances significativos en la reorientación estratégica, lo cual marca el inicio de una nueva etapa para el Siscode y para la construcción de un Estado que responda de manera más efectiva a las necesidades de los territorios.

El mandatario detalló que la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) en coordinación con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), elaboran el plan de acción para la implementación y seguimiento de las decisiones aprobadas, convirtiendo esta visión en una ruta clara de trabajo con responsabilidades, indicadores, metas, plazos y mecanismos de monitoreo. 

Asimismo, Arévalo, enfatizó que este proceso refleja el compromiso de su administración con una planificación articulada, una inversión pública con trazabilidad y una participación ciudadana fortalecida, dando pasos concretos para reducir las brechas históricas y asegurar que las decisiones públicas se construyan desde y para las regiones.

Por su parte, Ana María Méndez, subsecretaria de la SCEP enfatizó que el desarrollo con rostro humano se construye con orden, transparencia y herramientas que empoderen a la población. 

La funcionaria puntualizó que con la implementación del SIG-Siscode (expediente único) y las matrices de cumplimiento por cada eje, se está modernizando el sistema y entregando cuentas claras a la ciudadanía, para vigilar con precisión que los productos esperados se cumplan en los tiempos fijados, contribuyendo a que la participación y la auditoría social de las comunidades sean el motor de la transformación territorial. 

Méndez también detalló que el plan desarrollado junto a Segeplán articula los componentes políticos e institucionales con las dinámicas del territorio. 

La subsecretaria concluyó que el expediente único da seguimiento y el tablero de control con indicadores permitirá medir periódicamente los avances, para garantizar que toda la inversión pública llegue eficazmente a la población y se traduzca en los bienes y servicios que tanto se necesitan.

Para consolidar estas herramientas técnicas de fiscalización y transparencia, las autoridades anunciaron la creación de un sistema de monitoreo técnico mediante un tablero de control y un modelo de semaforización que evaluará periódicamente los indicadores de avance, cuya propuesta institucional definitiva será elevada al pleno del Conadur en la sesión ordinaria del próximo mes de septiembre. 

La consolidación de este Plan de Acción trasciende la agenda de una sola institución y demanda el compromiso activo de todos los sectores representados en el Conadur, formalizando una estructura de gestión pública transparente y basada en evidencia, que devuelve la confianza a los ciudadanos y asegura que las prioridades identificadas por las propias comunidades sean la base del desarrollo sostenible de Guatemala.

¡Transfiriendo poder a la gente!